Legislando, legislando...

La LOE, que hoy rige el sistema educativo español, introdujo tres elementos clave en la legislación que afectan a la etapa de la educación secundaria obligatoria: un enfoque a partir de Marco Común Europeo de Referencia para lasLenguas, las competencias básicas y el aprendizaje integrado de contenidos e idiomas. Sin embargo, ni en la LOE ni en los Reales Decretos posteriores que concretan algunos de sus elementos, se encuentra ninguna medida concreta, ni organizativa ni económica, que respalde un desarrollo efectivo de los nuevos elementos introducidos. Esta ausencia de medios y medidas que posibiliten los cambios recogidos por las leyes españolas genera una serie de problemas en la aulas de la ESO difíciles de abordar.
Las autoridades educativas nos proporcionan cuerpos de leyes y reales decretos de obligado cumplimiento, pero el panorama es heterogéneo y dispar pues en última instancia se delega en los centros parte de la responsabilidad para concretar aspectos tan esenciales como, por ejemplo, la integración de las competencias básicas en el currículo. La legislación vigente en España (LOE, 2006) establece los aspectos básicos del currículo que se concretan en los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas, como el Real Decreto 1631/2006, de 29 dediciembre, para la Educación Secundaria Obligatoria, y que más tarde cada comunidad autónoma contextualiza en los decretos correspondientes. En estos documentos España ha asumido los tres elementos básicos de las recomendaciones europeas en materia lingüística ya mencionados pero los problemas de llevar estos cambios a la realidad de las aulas son fundamentales. Podrían resumirse en los siguientes:

1.   Falta de medios y medidas que posibiliten la aplicación de las nuevas metodologías, como podría ser la reducción de alumnos por aula.

2.   Falta de concreción en la legislación que no ayuda al profesorado a asumir ni a entender los cambios y que dificulta la aplicación de la ley en las aulas por la multitud de interpretaciones a las que se presta.

3.   Falta de legislación para el desarrollo de proyectos, como  los de aprendizaje integrado de contenidos e idiomas que, además, no tienen establecido dentro del territorio español cuestiones tan básicas como los requisitos mínimos exigibles en competencia lingüística al profesorado de este tipo de proyectos.

La legislación debería simplificar y nunca complicar el trabajo en las aulas, ya en sí complejo.
Un horizonte muy cercano nos muestra nuevos cambios legislativos en el sistema educativo. ¿Tendremos al fin un cuerpo de leyes que organice, gestione y siente unas bases sólidas para que sea posible llevar al alumnado de nuestro pais hacia la consecución de unos objetivos claramente establecidos? Esperemos y confiemos...